Criterios objetivos que valoran los juzgadores para determinar el plazo de prisión preventiva en el Distrito Judicial de Cajamarca – 2018 al 2019

Abstract

Esta investigación pretende determinar los criterios objetivos que valoran los juzgadores para determinar la prisión preventiva y el plazo en el Modulo Penal Corporativo sede Qhapac Ñan del distrito judicial de Cajamarca – 2018 al 2019, para ello se cree que el Estado está en la obligación de velar en favor del ciudadano y evitar una persecución injusta y una privación arbitraria de libre tránsito. La prisión preventiva, como medida de coerción procesal personal, tiene como sus fines primordiales: asegurar la presencia del imputado en todo el desarrollo del proceso y el efectivo cumplimiento de la sanción penal a imponerse con la sentencia condenatoria en su momento. La instauración de la prisión preventiva, es uno de los mecanismos procesales que coadyuvan a que la verdad de los hechos se averigüe, no se burle la justicia y la ley penal se cumpla. Asimismo, con el otorgamiento de dicha media de coerción se solicita por parte del representante del Ministerio Público el plazo mediante el cual el investigado se hallara privado de su libertad y estos pueden ir de nueve a treinta seis meses según se declare el caso a investigar, es decir si es un caso simple o complejo esto en concordancia del artículo 272° del Código Procesal Penal. También se indica que el Código Procesal Penal expresamente regula los presupuestos para la procedencia de la prisión preventiva, requisitos como la existencia de fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión del delito que vincule al imputado como autor o partícipe, la prognosis de pena superior a cuatro años de pena privativa de libertad, así como los peligros de fuga y obstaculización. Es importante mencionar que, para mejorar la aplicación de la medida coercitiva de prisión preventiva, se busca modificar con una propuesta de ley el presupuesto material, de que la pena a imponer sea superior a 06 años, con lo que se ampliaría en rango de las justiciables (investigados) que llevarían el proceso en libertad y no vulneraría el derecho de libertad personal, ni el derecho a la presunción de inocencia.