Suspensión de la prescripción y la vulneración al derecho a ser juzgado en un plazo razonable en el distrito judicial de Lambayeque, 2015 - 2020

Abstract

La presente investigación “Suspensión de la prescripción y la vulneración al derecho a ser juzgado en un plazo razonable en el distrito judicial de Lambayeque, 2015 - 2020”; pretende contribuir a la investigación científica partiendo desde la revisión y análisis de las variables, para confrontar el problema de investigación respecto a la vulneración del derecho al plazo razonable. La investigación es de tipo cualitativa y diseño descriptiva - correlacional, por cuanto se orienta a determinar la realidad problemática que subyace en torno a la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal por la formalización de la investigación preparatoria y como ésta incide en el derecho constitucional a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Su propósito es analizar y describir las variables mediante el uso de métodos y técnicas de investigación; para el análisis de datos utilizó la estadística descriptiva con una población de 45 entre jueces y fiscales, con una muestra de selección aleatoria simple de 15; asimismo se usó como instrumento, el cuestionario. Del análisis de datos recabados y los gráficos estadísticos se puede concluir que, los magistrados en forma mayoritaria consideran que la aplicación de la suspensión de la prescripción regulada en el artículo 339º inc.1 del Código Procesal Penal y los límites de temporalidad establecidos por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario Extraordinario 3- 2012/CJ-116 y la Casación 383-2012-La Libertad, vulnera significativamente el derecho al plazo razonable, el debido proceso, el principio de legalidad y seguridad jurídica; ya que se ha establecido una causal de suspensión con el efecto temporal de la interrupción, no por mandato legal sino por voluntad de analogar, so pretexto de evitar la impunidad, como lo hace el Acuerdo Plenario y la Casación; por cuanto la formalización de la investigación preparatoria en realidad interrumpe el plazo de la prescripción de la Acción penal, y no la suspende como erróneamente se expuso en el Acuerdo Plenario.