Los actos corrupción de jueces y secretarios dentro del distrito judicial de Lambayeque

Abstract

El letargo y la pasividad en la aplicación de sanciones a los corruptos y corruptores, la postergación o dilación innecesaria y dolosa en la aplicación de acciones efectivas, la imposición de barreras institucionales, la crítica destructiva que no genera aportes, la falta de compromiso, concertación y participación efectiva de las instituciones y nuestra limitada disposición de diálogo y atención de los problemas ciudadanos, también constituyen una forma de corrupción. Los efectos perniciosos de la corrupción afectan cada vez más a la gestión del Estado ya que generan dudas sobre la legitimidad y transparencia de los poderes públicos. La percepción generalizada de que “todos somos corruptos” se traduce en la falta de respeto a los empleados y servidores públicos. La corrupción no nos permite un adecuado desarrollo económico y social, acompañado de un crecimiento moral; además, destruye la confianza de los ciudadanos, acentúa las diferencias sociales al fomentar la informalidad, incrementa la pobreza, mina la institucionalidad y afecta al sistema democrático. La V Encuesta Nacional sobre Corrupción presentada por Proética (diciembre 2008) nos permitió conocer a grandes rasgos los niveles de corrupción que percibe la ciudadanía a nivel nacional. El 57% de entrevistados en Lima y el 52% en provincias consideró que la corrupción es el principal problema que enfrenta el Estado y que le impide lograr el desarrollo del país. Los peruanos entrevistados consideraron que la coima y el soborno (39%), los robos (13%), los actos ilícitos en general (10%), actuar en beneficio propio (6%), la malversación de fondos (6%) y el abuso de poder y autoridad (5%) constituyen los principales tipos de corrupción, según su respuesta espontánea. Para los ciudadanos la interposición de denuncias frente a los actos de corrupción no resulta efectiva. El 92% de los entrevistados indicó que no denunciaba un pedido de coima o soborno para no meterse en problemas (24%) o porque consideraba que la denuncia no serviría de nada (20%), no podría probarla (15%) o terminaría perjudicado (14%). La desconfianza de la ciudadanía en el sistema de lucha contra la corrupción termina destruyendo la institucionalidad pública, aun cuando el 57% de entrevistados sabía donde denunciar dichos actos. En relación a la efectividad de las denuncias de los casos de corrupción, el 49% considera que no son nada efectivas, el 38% que son poco efectivas y sólo el 11% que son algo o muy efectivas. Asimismo, el 99% de los entrevistados percibe al Perú como un país con niveles de corrupción. Esta percepción daña las expectativas del ciudadano que considera que en los próximos cinco años la corrupción aumentará (43%) o seguirá igual (42%). La ciudadanía, según esta encuesta, reclama acciones efectivas del Gobierno, como: sacar a los malos elementos (28%), aplicar sanciones drásticas (14%), controlar a los funcionarios (8%), crear leyes drásticas (6%), sancionar con pena de cárcel a los corruptos (6%), dar un buen ejemplo (5%) y trabajar con personas que tengan valores (4%). Entre las instituciones consideradas más corruptas se encuentran el Poder Judicial (61%), la Policía Nacional (53%), el Congreso (47%), las municipalidades (19%), el Gobierno Central (16%), los gobiernos regionales (13%), los partidos políticos (12%), el Ministerio de Educación y los colegios (8%), y las Fuerzas Armadas (8%). Finalmente, la falta de respeto a la legalidad se ha convertido en un factor determinante de los actos de corrupción, dado que el 79% de peruanos considera que en nuestro país no se cumplen las leyes mientras que un 16% percibe que sí.