La vulneración del derecho a la información por parte de los funcionarios de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz del año 2009

Abstract

En varias entidades del Estado existe aún la cultura del secretismo y la Municipalidad de José Leonardo Ortiz no es la excepción. La negativa de otorgar la información de los gastos que realizan vertida por las actividades propias de función conllevan a que exista desconfianza por la forma de administración de los ingresos a la Municipalidad. Es por ello que para desterrarla, debemos ejercer uno de nuestros derechos humanos, que es el derecho de control vecinal de las actividades que ellos realizan. Éste nos permitirá hacer que la gestión de la municipalidad sea mucho más transparente. La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la negativa de brindar información por parte de los funcionarios públicos relacionado con los gastos operativos que ellos generan, es importante tener claro que el derecho a solicitar información de estos gastos no es sólo un derecho que todos los ciudadanos leonardinos tenemos, sino también una herramienta de transparencia de la gestión estatal. En muchas entidades públicas aún encontramos algunos rezagos de épocas anteriores en las que reinó la cultura del secreto. Como bien nosotros sabemos el derecho al acceso a la información es un derecho constitucional y que de ella se han desplegado un sin número de normas que los han reglamentado, obedeciendo al bloque constitucional, es preciso entonces que hagamos un estudio de las normas que regulan este derecho, así tenemos la Constitución Política, el Código Procesal Constitucional, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. Siendo así el desarrollo del presente trabajo obedece a un estudio, como ya expresamos, de las normas y además de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional así como del derecho comparado, ello nos permitirá entender aún más el conocimiento del supuesto que es materia de investigación. Pretendemos que nuestro estudio contribuya a intensificar la cultura fiscalizadora y sobre todo a que derechos fundamentales, como es el caso del derecho a la información, no sean vulnerados y más aún si son los mismos funcionarios públicos los que violentan este derecho.