La afectación del principio de igualdad procesal ante la exoneración de la condena de costos en los procesos contenciosos administrativos sentenciados contra la oficina de normalización previsional en la ciudad de Chiclayo durante el período 2010 – 2011

Abstract

En nuestro país, el Proceso Contencioso Administrativo, regulado mediante la Ley N° 27584, es la vía judicial donde se impugnan las actuaciones de las entidades administrativas del Estado; y en la que se solicita al juez que declare la nulidad del acto administrativo, que reconozca el derecho del administrado, ordene el cese de la actuación material cometida por la entidad administrativa y, de ser el caso, la indemnización por daños y perjuicios ocasionado por dicho acto. Ahora bien, no sólo el Contencioso Administrativo es el medio idóneo para ejercer el control jurídico de las actuaciones de la administración pública, pues, existen los procesos constitucionales, donde también es posible resolver conflictos de dicha índole. Sin embargo, si el administrado decide exigir el restablecimiento del ejercicio de un derecho constitucional por la vía contenciosa administrativa no podrá exigir, en caso de resultar vencedor, el reembolso de los costos; a diferencia de aquél otro ciudadano que sí puede obtenerlo, cuando pretende lo mismo, pero en un Proceso Constitucional de Amparo o de Cumplimiento, los cuales sí contemplan tal posibilidad. Desde esta perspectiva, no existe un criterio objetivo y razonable para que un ciudadano que se enfrenta al Estado en el marco de un Proceso Contencioso Administrativo se le impida recuperar el gasto económico que supuso los honorarios de su abogado. En ese sentido, nos hallamos ante una situación donde se comprueba a todas luces la afectación al derecho constitucional a la igualdad y, de ser el caso, ante una eventual inaplicación “inter partes” del artículo 50° de la Ley N°27584, reguladora del Proceso Contencioso Administrativo, si acaso ello es solicitado para pretender el pago de costos en dicha vía.